Se trata de una decisión que amplía el programa Manos a la Obra, que implementó el SPF, con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles. “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich en octubre pasado, cuando anunció la iniciativa en la cárcel de Ezeiza y realizó actividades con un grupo de mujeres detenidas.

En diálogo con Infobae, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, explicó que la medida anunciada por el Gobierno busca reducir los tiempos de ocio que tienen los detenidos en los penales, al mismo tiempo que apunta a cambiar una lógica de funcionamiento interno: “Hay que erradicar la cultura tumbera”, dijo el funcionario.

En los considerandos de la resolución 1346, publicada en la edición del Boletín Oficial de este miércoles, el Ministerio de Seguridad resaltó que “la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia”, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, y los artículos 1 y 108 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

“Las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, estableció la medida, al tiempo que resaltó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social”.

“Que con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”, se indicó.

Y agregó que “corresponde que todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios, pues ello no solo constituye un deber y una obligación de todos los internos que se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria”.

El subsecretario Curi destacó que las tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles “no es trabajo y esto hay que diferenciarlo bien”. El funcionario explicó que en caso de que los internos se nieguen a cumplir esas obligaciones, recibirán sanciones que les impedirá acceder a beneficios por buena conducta, como tareas remuneradas, cambios de celdas y otros. “No tiene nada que ver con las visitas”, aclaró.

Por esta resolución, los internos van a estar obligados a participar “en el mantenimiento y en el ordenamiento de los lugares donde ellos están detenidos, entendiendo por esto la celda, el pabellón, los patios, la cancha de fútbol, los lugares comunes, los lugares de visita y todos los espacios donde ellos transitan su internación, para que participen en el cuidado y esto tiene que ver fundamentalmente con la idea del tratamiento penitenciario, que justamente apunta a adquirir hábitos de reinserción social”, explicó Curi.